UNA MEDIDA POLÍTICA

El primero de los artículos perteneciente a esta serie será el que nos remite D. Rafael Vargas (comentarista habitual del Diario de Ibiza) en el que se nos habla de la problemática generada en la isla por una medida política relacionada con la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la titulación propia y correspondiente a la Enseñanza Secundaria. Con él comenzaremos a medir el acierto o no de haber incluido esta sección.

Dice así:

"María Janer, directora general de Inspección Educativa de la conselleria de Educación y Cultura, nos anuncia que el Govern denegará el título de Educación Secundaria «a todos los alumnos que no estudien la asignatura de Educación para la Ciudadanía».

Dice cosas como que «nosotros no contemplamos la posibilidad de la objeción de conciencia de esta materia», y se permite una simpleza: compara la objeción que ella no contempla con una «objeción a pagar impuestos».

Esa denegación está destinada a infundir en los padres objetores el miedo a tener hijos sin titulación, lo que es condenarlos al extrarradio social; pero si la señora Janer es consecuente llegará a conclusiones lógicas: dado que los padres son responsables conscientes del dislate, debe llevarlos ante el juez y retirarles la patria potestad.

Porque campos de reeducación, tan prestigiados en el modelo soviético, aún no tenemos.

Mi generación recuerda el miedo con que el franquismo intentaba tenernos a raya: expulsión de la universidad y quedarse sin título; pero hasta el franquismo cubría las apariencias con tribunales especiales, impedimento que esta señora se pasa por el arco del triunfo con una seguridad que hace temer de lo que puede ser capaz si la dejan.

Menos mal que, aunque ella no lea la Constitución, por encima de la señora Janer nos asiste el Convenio Europeo de Derechos Humanos: «A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción.

El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas» (protocolo adicional, art. 2), y consecuentemente, el Tribunal de Estrasburgo, a distancia sideral de la señora Janer, ha dictado hace poco dos sentencias que admiten la objeción de conciencia de padres disconformes con el contenido de asignaturas obligatorias.

Parece mentira que a Janer no se lo hayan hecho ver los muchos asesores contratados por el Govern, y pagados por los impuestos de los padres objetores, suponíamos que para evitar atropellos como que echen a sus hijos de la escuela.

Disponer por las bravas del título de secundaria del alumno por esta controvertida maría, cuando nos tienen hechos a la idea de pasar curso con las asignaturas serias pendientes, desnuda la irresponsable concepción de la enseñanza de algunos políticos. Pero Janer piensa (es un decir) que para qué andarse con filosofías, y no se recata en comentar lo minoritarios que son los objetores.

Para Estrasburgo, la «democracia no se reduce a la supremacía constante de la opinión de la mayoría. Exige un equilibrio que asegure a las minorías un tratamiento justo y que evite todo abuso de poder (...) Sólo la dispensa total de la asignatura permitiría velar por el derecho de los padres a la educación de los hijos».

Estos políticos con la boca llena de respeto a las minorías, hasta que la minoría en cuestión les contradice, caen en la paradoja de necesitar que se les eduque en ciudadanía.

Que el miedo es muy eficaz para callar a los disidentes, lo sabe Janer. Quevedo no se dejó («no he de callar por más que con el dedo...»), y lo pagó caro. También lo sabe Muñoz Seca cuando comunica a sus verdugos de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia que lo fusilan en Paracuellos : «Podéis quitármelo todo, menos el miedo».

Nos queda, señora Janer, el humor, con el que ni las mentes sectarias consiguen acabar"